El Gobierno de Canarias ha tomado una decisión significativa que afecta a la gratuidad del transporte público terrestre en las islas. Ya no se requerirán 15 viajes al mes para disfrutar de los servicios de guagua de forma gratuita, una medida que había sido establecida por el anterior Ejecutivo autonómico y que fue criticada como “caprichosa”. La directora general de Transportes, María Fernández, anunció esta modificación y destacó que ahora se centrarán en que los beneficiarios sean usuarios “habituales” del transporte público vinculado a los bonos.
Bajo este nuevo enfoque, serán los cabildos insulares los encargados de decidir cómo implementar esta subvención y supervisar a los “viajeros habituales”. María Fernández convocó una mesa interadministrativa del Transporte que reúne a representantes del Gobierno y los cabildos para analizar la continuidad de la gratuidad del transporte público terrestre, que fue aprobada por el Gobierno de España a finales de 2023.
Según Fernández, un estudio sobre el impacto de la medida reveló que la imposición de un mínimo de 15 viajes fue una decisión arbitraria que tuvo efectos negativos en los patrones de viaje de los usuarios. Esta limitación no consideró las diferencias en el transporte entre las distintas islas, lo que provocó problemas en algunos cabildos al justificar la subvención al final del año.
Además, la directora general argumentó que esta restricción llevó a un aumento de los “viajes en vacío”, es decir, trayectos que anteriormente se realizaban a pie y que se utilizaban para cumplir con el requisito de los 15 viajes.
En otro aspecto discutido durante la reunión, se abordó el compromiso del Gobierno de Canarias de actualizar el costo real de la subvención, dado el aumento del 44% en el número de usuarios, lo que ha generado un incremento en el costo del servicio. A pesar de la solicitud de datos concretos a las islas, la Consejería de Obras Públicas, Movilidad y Vivienda estima que el precio medio del billete por pasajero ha disminuido del 50% al 20%.
El Gobierno canario sostiene que la partida de 81 millones proporcionada por el Estado resulta insuficiente, y el costo real podría aumentar en otros 60 millones o 70 millones, casi duplicando la cifra. En este sentido, Transportes ha instado a los cabildos a proporcionar datos de cierre de año de sus concesionarias para respaldar la solicitud de actualización de costos.
En última instancia, ante la posibilidad de que el decreto del Consejo de Ministros que incluye esta medida no sea convalidado en el Congreso, Fernández afirmó que Canarias seguirá presionando al Estado, ya que esta medida estaba contemplada en los presupuestos y respaldada por un pacto de gobernabilidad que garantizaba estos fondos.
